La violencia delincuencial, es un fenómeno que atenta contra la gobernabilidad y la buena gobernanza de cualquier país. Restringe los espacios ciudadanos, y atenta contra los derechos fundamentales de la sociedad;  reduce la productividad e  incrementa los costos sociales, a la vez que sumerge a los ciudadanos en un estado de desconfianza que resta oportunidades para el desarrollo, el progreso y la generación de bienestar.

La República Dominicana no escapa a la realidad de la violencia delincuencial y, aunque voceros gubernamentales afirman con estadísticas que algunos indicadores han disminuido, el fenómeno de la violencia asociada al delito y su incremento sigue siendo un tema bastante discutido últimamente, resultando este, en el primer lugar de la agenda de preocupaciones de la ciudadanía.  Más allá de las cifras y los indicadores, se construye en el imaginario colectivo una percepción derivada de la experiencia propia o de terceros, así como del flujo noticioso que los distintos medios del país generan a través de su cobertura de estos hechos.

Esta percepción de un problema en aumento que afecta a las personas va generando en la población un  nivel también creciente de expectativas y exigencias en materia de soluciones, sin embargo, siendo el problema de la delincuencia  de carácter multifactorial, resulta complejo poder definir un solo curso de acción para su solución y, siendo generalmente la selección preferida por los cuerpos de seguridad, la represión, dejan  fuera la atención a buena parte de las causas raíz, enfocándose primordialmente en las consecuencias inmediatas. Algo así como atacar la fiebre pero sin atender la infección.

Algunos gobiernos en América Latina con situaciones mucho peores, como el caso venezolano, han optado por “invisibilizar” el problema, tratatando  de minimizarlo, e incluso retirarlo de la narrativa oficial como una forma de protección a su gestión. De esta forma, y en la medida en que el manejo político del tema le confiere “invisibilidad”, suelen abrirse brechas de oportunidad para el incremento de la impunidad. Esto sucede especialmente en ambientes con alta desigualdad social, cuando la misma es derivada del empeoramiento de las condiciones socio-económicas de la familia y la falta de acción ejecutada y comunicada contundentemente.

La ausencia de buena gobernanza suele contribuir al deterioro de las circunstancias y, como consecuencia de la falta de diálogo interinstitucional, que esta permita abordar holísticamente el problema. Un  mapa de gobernanza muy asimétrico, en términos de los pesos específicos y relativos de las diversas fuerzas políticas y sociales del país, tiende a dificultar el proceso de diálogo y búsqueda de soluciones de forma conjunta. Si bien autores como Rhodes, Klijn, Kickert y Kooiman, establecen claras definiciones sobre el concepto de gobernanza, también detallan la forma en la que los gobiernos se deben adaptar, como un actor más, en el juego de las relaciones y, con ello, de cómo deben tender a equilibrarse. Un mapa de gobernanza desequilibrado, trae como consecuencia una serie de distorsiones en el manejo del poder con consecuencias e impactos en la vida política, económica y social de una nación, que  imposibilita el abordaje de un problema tan complejo como el de la delincuencia e inseguridad personal.

Elevar el nivel de conciencia en la población sobre el problema, sus causas, y el rol que cada quien juega en su atención, resulta fundamental para estimular el ejercicio de presión social que cada quien debe ejercer desde su rol. Esto puede contribuir  a la disminución de los indicadores de violencia delincuencial, y también contribuye a establecer un diálogo nacional para el abordaje del problema.  Para esto, la estrategia de comunicación gubernamental resulta fundamental. Deben diseñarse  campañas, mensajes e instancias de intervención comunitaria, así como un sostenido diálogo interinstitucional, que promueva la participación de todos los sectores incluyendo a: comunidades organizadas, ONG´s, expertos, sector privado, partidos políticos e Iglesias, entre tantos otros, todo esto para producir soluciones en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos y preservar así el ambiente propicio para el desarrollo.

Advertisements