Recientemente se realizó en Washington D.C. el “Latin American Social Forum” organizado por la revista Foreign Policy de la mano de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante este evento se dieron cita, en calidad de expositores, importantes personalidades del sector privado de la región, así como miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y la Academia, además de algunos representantes de medios de comunicación; todos ellos llevando a esta mesa redonda sus conocimientos, experiencias, y relatos de importantes esfuerzos que llevan adelante para contribuir al crecimiento de la Filantropía y la Responsabilidad Social (RSE) en la región.

El evento giró en torno a la “Democratización de las contribuciones”, haciendo foco en la importancia de incrementar la efectividad y la participación de la sociedad en el proceso de otorgar las contribuciones sociales que se generan desde el sector privado y que se canalizan a través de fundaciones u ONG´s en el marco de las políticas públicas generadas por los gobiernos de turno en nuestros países, desarrollando así, una tarea fundamental en el proceso de construcción de beneficios y soluciones sociales que contribuyan al proceso de generación de bienestar en la población de los países de la región en materia de educación, salud, vivienda y/o erradicación de la pobreza a través de la promoción de la igualdad de oportunidades.

Esta tríada, construida con la participación de estos tres sectores, conforma un triángulo que puede ser “virtuoso” o de las “Bermudas”, dependiendo de cómo se establecen las relaciones entre cada vértice, representado el primero por el sector público cómo el ente que concentra la definición de políticas, legislación y generación de mecanismos de supervisión y control. El segundo vértice representa al sector privado que se dedica a la competitividad, la gerencia de sus impactos y el compromiso con sus grupos de interés; y el tercero representaría al sector social, constituido por la comunidad organizada, Fundaciones, Asociaciones Civiles y ONGs que dedican esfuerzos al cambio cultural de nuestra sociedad, a educar, a solventar necesidades apremiantes de carácter básico y sobre todo a promover ciudadanos responsables. Esta combinación es lo que en la 5ta Cumbre de la Américas organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el año pasado se denominó la “Alianza para la prosperidad”.

Miles de organizaciones año tras año dedican importantes recursos económicos en hacer posible la actividad de RSE y filantropía a lo largo de la región. Sólo en los Estados Unidos de América, a modo de ejemplo, hay más de 70.000 fundaciones que para el 2007 donaban más de 5 billones de dólares para financiar diversos proyectos dirigidos a la sociedad en el continente y mas allá. Sin embargo y a pesar de las importantes contribuciones que se realizan en o para cada país, los resultados parecen diluirse cuando se trata de cuantificar el valor generado por tales aportes. La dispersión de los recursos y de los esfuerzos diluye la capacidad y el impacto en la sociedad; y es por esta razón, que existe una imperiosa necesidad de implementar estrategias de RSE y filantropía inteligentes que estén alineadas con los esfuerzos locales o regionales de otros, y donde se hace imprescindible la evaluación de los proyectos y la rendición de cuentas con base en indicadores y resultados medibles para asegurar, no sólo el buen uso de los recursos, sino también la satisfacción de las necesidades sociales que tales recursos pretenden atender.

La alineación en el sector privado, como gran contribuidor, se convierte en un elemento clave de cara a promover que los esfuerzos puedan sumar uno sobre el otro, trabajando como una cadena productora de valor social en diversas áreas de atención y, generando así, que el todo sea mayor que las sumas de las partes de quienes contribuyen con recursos humanos, tecnológicos y/o financieros a atender las necesidades más sentidas de la sociedad en cualquier parte de la región. Tal vez un buen ejemplo de esto sea la Asociación de Fundaciones de Colombia, donde la alineación del sector se realiza, entre otras cosas, a través de un trabajo de georeferenciación que les permite conocer “quién” y “donde” están haciendo “que”, permitiéndoles así hacer sinergias y unir esfuerzos para multiplicar los resultados.

Esta aproximación también supone, desde la perspectiva del sector privado, romper con algunos paradigmas en cuanto a participar en la “democratización de las contribuciones”, pues la inclusión de la propia sociedad en el proceso de toma de decisiones mediante la existencia de alternativas que faciliten su participación en tales procesos se hace casi mandatorio. No se trata de “dar”, se trata de “involucrarse”, comprender que somos parte de la sociedad en la que hacemos vida y por ende vulnerables a las presiones sociales no atendidas. Una comunidad, o la sociedad en su conjunto, son el centro del esfuerzo de cualquier estrategia de RSE destinada a generar valor y sostenibilidad social, la cual a su vez, se convierte en sí misma en un objetivo de negocios para el sector privado y una responsabilidad para el sector público. De allí la necesidad cada vez mayor de promover mecanismos de participación conjunta entre estos tres componentes, lo que debe ser un modelo permanente de gestión, donde comunidades, sector público y privado trabajen en conjunto para la generación de bienestar.

Este modelo ya ha sido probado con éxito. Hace mas de 15 años, por ejemplo, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, organización privada sin fines de lucro creada en Venezuela en el año de 1964 por un grupo de empresarios, se fijó la misión de canalizar el esfuerzo colectivo de la iniciativa privada hacia el desarrollo de acciones que mejoraran la calidad de vida de comunidades de escasos recursos a través de proyectos específicos y en alianza con comunidades, organizaciones de desarrollo social, autoridades y empresas; incluso fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) por esta aproximación.

Sin embargo, pareciera que no todos y no siempre se puede cerrar el triángulo de manera efectiva, hay obstáculos relevantes en cada uno de los vértices que a veces impiden que estos se conecten con eficiencia y en ello influyen elementos como la desconfianza entre las partes, la inexperiencia gerencial, la falta de diálogo para llegar a acuerdos, e incluso los “celos” y la “vanidad” entre muchas otras razones.

Esta realidad plantea un nuevo reto tanto para las empresas, gobiernos y particularmente para las organizaciones que buscan patrocinios y donaciones para llevar adelante sus proyectos, sean estos ambientales, educativos, de salud, deporte, cultura u otros, pues cada vez más, deberán competir en un mercado signado por una “sobredemanda” de recursos y una oferta restringida. Además existe en el sector privado una creciente tendencia a la creación de fundaciones empresariales propias que gestionan y canalizan sus recursos de forma directa, haciendo más difícil la obtención de recursos para las ONG´s y otras agrupaciones civiles.

Así también, podemos ver como las convocatorias de capacidades cada vez más serán la norma, y con ello, cada ONG, Fundación o Asociación Civil, deberá demostrar su capacidad gerencial y técnica para poder hacerse de los fondos necesarios para llevar adelante sus proyectos. Esto supone la necesidad de profesionalizar la función de estas organizaciones las cuales deberán diseñar sus proyectos de tal forma que sean fácilmente medibles a través de claros y precisos indicadores de desempeño que demuestren el impacto positivo de su ejecución y su relación costo/efectividad. Adicionalmente, estas organizaciones deben trabajar para hacer frente a la sustentabilidad financiera, su principal problema, mediante: la construcción de su propia oferta de valor; generando cuadros gerenciales y contando con nuevos liderazgos de relevo; comunicando y posicionandose adecuadamente en el “mercado” para asegurar la confianza de quienes depositan sus recursos en ellas; balanceando su propio portafolio de ingresos con la autogeneración de recursos a través de negocios inclusivos, la promoción de emprendedores o la prestación de servicios profesionales en su área de experiencia.

En cuanto al sector público, ya lo decía Jacobo Rubinstein de la Fundación de la Vivienda Popular y citando a un viejo político venezolano: “la mejor política social es una buena política económica”. Es por ello que en nuestros países, donde la falta de continuidad de las políticas públicas, particularmente en el área económica, ha sido en buena medida responsable del desastre social latinoamericano y donde la improvisación, inexperiencia, corrupción o simplemente las malas decisiones (sumadas a esa falta de continuidad de aquéllas que han procurado cierto nivel de bienestar), han hecho que para la región, el enrumbarse hacia la mejora económica y social sea una tarea titánica. Así también, es común observar las dificultades para la generación de alianzas y el establecimiento de mecanismos de cooperación en ambientes donde el sector público percibe al sector privado como “competidor” o peor aún, como “el enemigo”, desconociendo que el sector privado es parte fundamental de la sociedad, construido por individuos pertenecientes a ésta que se organizan alrededor de una idea, una actividad productiva, o un emprendimiento para generar bienestar, empleo, dinamización de la economía y generación de riqueza. Esta es muchas veces una de las principales razones por las que el triángulo no se cierra, y los esfuerzos tienden a desaparecer, tal como cuenta la leyenda ocurría con las embarcaciones que atravesaban el “Triángulo de las Bermudas”.

América Latina es una región marcada por la inequidad, la pobreza y la miseria, donde se estima que para el 2015 menos del 20% de la población será rural, lo cual implica que estará hacinada bajo condiciones “urbanas” con crecientes presiones sociales; requiriendo mecanismos de atención, planificación y políticas públicas que atiendan tales presiones para evitar el sobrecalentamiento social. Es allí donde sector privado, público y sociedad civil deben profundizar su intervención en un trabajo conjunto, coordinado y eficiente que contribuya a establecer esquemas de cooperación que aseguren una actuación consistente, alineada y efectiva.

Esta realidad presenta grandes retos, entre ellos, continuar el camino de transición que debemos dar de una aproximación vertical de la contribución social (paternalismo) o de los “safaris humanitarios”- como bien calificó la Primera Dama de Colombia , Doña Lina Moreno de Uribe, algunos esfuerzos que se realizan aún en la región- a una visión más horizontal (solidaria), donde cultivemos la responsabilidad individual como base para la creación de la conciencia colectiva de responsabilidad social; donde abramos nuevos espacios de diálogo entre sectores para la búsqueda de mejores prácticas y esquemas eficientes de cooperación; donde se impulsen desde abajo nuevas políticas públicas incluyentes y se homogenicen políticas públicas particularmente dirigidas a las ONG´s para que faciliten su operación; donde el sector privado se integre mucho más a la sociedad civil por medio de sus organizaciones y formando parte de ellas; y (¿por qué no?), donde pueda crearse un “Fondo de Inversión en RSE” o una “Bolsa de Valores Sociales” en ámbitos estratégicos que contribuyan a maximizar los resultados y asegurar la sostenibilidad empresarial a través del fortalecimiento de toda nuestra sociedad.

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